Un ejemplo del subdesarrollo mental del argentino medio
La forma en que se ha presentado en sociedad esta ley y su subsiguiente tratamiento (por parte de los poderes instituidos como por la población que ha opinado) nos muestra lo mal que estamos los argentinos en cuanto a conocer las leyes vigentes, su importancia y, sobre todo, las patéticas prácticas políticas del oficialismo y los que se dicen ser de la oposición.
Algunas consideraciones previas
Muchas personas han opinado repitiendo pretendidos argumentos a favor y en contra del proyecto del oficialismo. Han copiado frases hechas por uno y otro sector político (a favor y en contra) en forma a-crítica y sin leer el proyecto de ley que se está tratando en el Congreso de la Nación.
Esto revela que los argentinos seguimos con una mirada muy escueta de la realidad y que en política nos falta aprender muchísimo.
Por ejemplo, adherentes al gobierno repiten que Clarín es un monopolio sin conocer el significado del concepto “monopolio”. Es más, hasta he leído y escuchado “monopolios” y en cuanto se aborda la pluralidad del concepto, se cae en una contradicción insostenible.
Otro aspecto esencial es el que un ciudadano no debe jamás repetir ni adherir a alguna decisión política sólo por estar a favor del gobierno de turno. El ciudadano siempre debe ver con ojos críticos lo que hace tanto el oficialismo como la oposición.
Muchos opositores expresaron que el proyecto de ley es malo sólo porque lo presentó el “kirchnerismo”, como si todo lo que proviniera del gobierno sea (sin analizarlo antes) malo. Uno de sus argumentos es que este congreso carece de legalidad para tratarlo ya que en las elecciones del pasado 28 de junio perdieron la mayoría automática. Este “razonamiento” sigue con una “lógica bipolar” que los argentinos venimos arrastrando desde principios del siglo XIX; parece que poco y nada hemos aprendido desde entonces.
Cuando en el gobierno hay una mayoría de un partido político no significa que éste pueda hacer lo que quiera. Eso no es ni democracia ni república. Entonces, lo que sucede, es que en este sistema de pensamiento y prácticas políticas arcaicas todas las decisiones son impuestas y no consensuadas. Así se nos crean gravísimos problemas a todos los argentinos ya que las mayorías son circunstanciales (dependen del resultado de la última elección) y que, seguramente, cambiará en el próximo ejercicio electivo. En este país, no se puede andar imponiendo leyes por mayorías circunstanciales porque el resultado es que, al cambiar esa mayoría, cambian las leyes con las modificaciones impuestas por esa mayoría circunstancial que ayer era minoría. De tal forma, salta a todas luces que no hay Políticas de Estado (son las políticas acordadas por diversos sectores políticos y sociales que serán sostenidas en el tiempo independientemente de quién tenga mayoría y se alcanzan por consensos).
Al no tener Políticas de Estado, nuestro país adolece de seguridad jurídica para los mismos argentinos y para los extranjeros. Unos y otros están eligiendo otros horizontes (países) para sus inversiones y la Argentina se encuentra en una situación de estancamiento en todos los órdenes de la vida social, política, económica y cultural.
Lo mínimo que se le debe exigir que haga un “ciudadano” es leer el proyecto de ley y, de tal lectura, realizar un análisis crítico para ver en qué se está de acuerdo y en qué puntos hay conflictos. No hay otra forma de pensar la República (salvo que el ciudadano sea sólo un habitante y acuerde con prácticas políticas lindantes con el autoritarismo fascista).
Puntos conflictivos que observo
En el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo hay varios artículos que son conflictivos y que deben ser analizados como corresponde para lograr su reformulación y tener una ley de medios acordada por el consenso entre las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Nación. Los mismos que he observado en lo personal son…
Primeramente, un grave problema: El proyecto es extensísimo, tiene más artículos que la misma Constitución Nacional.
Artículo 1:
Expresa que hay que "regular los servicios de comunicación audiovisual".
Esto significa que se determinarán reglas o normas.
Problema: El artículo 14 de la Constitución Nacional expresa que tenemos el derecho de publicar nuestras ideas sin censura previa.
Quizá sea modificado a partir de la iniciativa de despenalizar las opiniones personales por calumnias e injurias.
Artículos 10, 11 y 12:
La autoridad de aplicación se creará en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional pero en el artículo 11 se dice que esta autoridad será autárquica. Es un contrasentido, sobre todo, teniendo en cuenta lo que establece el artículo 12, inciso 1. En el artículo 14 el asunto se complica más.
Artículo 14:
El directorio tendrá 5 miembros designados por el Poder Ejecutivo Nacional, 2 por la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, etc. Pero si va a ser autárquico (artículo 11), entonces significa que hay un contrasentido o el Poder Ejecutivo Nacional no tiene idea del significado de “autarquía”. De la forma en que está planteado, es peligroso ya que las decisiones quedarán supeditadas a los “caprichos” del Poder Ejecutivo Nacional de turno.
Artículo 16:
Lo mismo sucede con el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual; sus autoridades serán designadas –en su mayoría- por los poderes ejecutivos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los otros miembros de diversas entidades no gubernamentales podrán ser removidos por el Poder Ejecutivo Nacional.
Artículo 22:
Inciso 2, que es cuestionado por la oposición al Ejecutivo por permitir el ingreso de las telefónicas habilitándolas a tener licencias.
El día 15 la presidente anunció que su partido político promoverá su modificación para que las empresas de telefonía no puedan ingresar en las empresas de medios.
Artículo 25:
Se exceptúan de las limitaciones para tener un medio a las empresas de servicios públicos. Pero estas empresas participan periódicamente de licitaciones lo que puede llevar a “manipular” la información en su beneficio por acuerdos “por pauta publicitaria” o “para ganar la licitación”. Por ejemplo, Telefé (que es de Telefónica) ha limpiado toda su programación para “no incomodar” al Poder Ejecutivo Nacional.
Artículos 33 y 34:
El 33 establece que las licencias se otorgarán por un período de 10 años. El 34 dice que las licencias serán susceptibles de prórroga por ÚNICA VEZ por un plazo de 10 años.
Esto es realmente grave.
Artículo 38:
Gravísimo. 1) Un licenciatario no podrá tener más de una señal a nivel nacional. Esto significa que si algún grupo tuviera (o tiene hoy) más de un canal de televisión, deberá cerrar los otros. Por ejemplo, el Grupo Clarín tiene TN, Canal 13, Volver, Canal Rural, etc. Cada uno orientado a diferentes temáticas. Por este artículo deberá quedarse con uno sólo y nos perderíamos de los otros canales. 2) Los licenciatarios no podrá prestar servicios a más del 35 % del total nacional de habitantes o de abonados a los servicios referidos en este artículo. Incluso, sin tener en cuenta que pone un límite de 3 licencias en total para diversos medios.
¿La gente que apoya esta iniciativa tiene conciencia de lo que significa? Aquí se paran las inversiones que pudieran beneficiar a millones de habitantes.
¿Y si en algún lugar del país no hay otra posibilidad de que sólo llegue el servicio de una determinada empresa?
¿Y qué sucede con los servicios de cable, deberán cortar-suprimir la señal de algunos canales porque no hay otros compitiendo? Esto es inaudito.
Artículo 52:
Se establece que los responsables de la producción y emisión de señales empaquetadas que se difundan en el territorio nacional deben cumplir requisitos. Y uno de ellos, el punto c, es que deben constituir domicilio real en la Ciudad autónoma de Buenos Aires. Una total y absoluta arbitrariedad porque perjudica a las productoras del interior del país obligándolas, en caso de poder hacerlo, a elevar sus costos abriendo oficinas donde no trabajan. ¿Y si no lo pueden hacer? ¿Acaso no dicen que el proyecto es federal?
Artículo 57:
La ley establece qué hay que transmitir. Esto es ilegal e inconstitucional. Por ejemplo, que el 50 % de la música nacional sea de producción independiente donde el autor y/o intérprete ejerza los derechos de comercialización de sus propios fonogramas.
Cualquiera que haya estado en el tema de la música sabe que esto es de imposible cumplimiento.
El punto a.iii limita seriamente a los que el gobierno dice querer apoyar, a diversas organizaciones sociales ya que puede haber (y hay) alguna que sólo pueda transmitir material de otros medios y no tenga producción suficiente para la propia.
Artículo 70:
Se establece que las emisiones o retransmisiones por televisión de programas deportivos… darán lugar a una contraprestación económica (para entidades deportivas). ¿Qué pasa si un medio con muy pocos recursos económicos quiere transmitir un juego regional o local? No podrá pagarlo y las informaciones deportivas no llegarán a la gente. Imaginemos que lo mismo diga acerca de las escuelas (como que las escuelas deben cobrar cada vez que un diario publica alguna de sus actividades). En el interior del país, es muy común que los canales locales transmitan deportes de sus localidades y no pagan a los clubes, no por explotadores, sino porque no tienen con qué hacerlo.
Artículo 73:
Establece el tiempo de publicidad por hora en 14, 12, 8 y 6 minutos. Esto es grave para muchos canales de televisión ya que la mayoría de los programas del exterior están pautados en capítulos que tienen otro tiempo estipulado para la publicidad.
Artículo 77:
Expresa cuánto es el tiempo en que se debe transmitir. El mínimo establecido es de 10 horas diarias para radios y 6 horas diarias para televisión. Una escuela con un proyecto de radio comunitaria jamás podría cumplir este requisito. Tampoco un Instituto Superior de Formación Docente o uno Técnico o quizá hasta una Universidad.
Consideraciones generales
Tal como está redactada, surgen varios puntos conflictivos…
El Estado se hará del 33 % de los espacios (los utilice o no) más otro 33 % de “organizaciones sociales” que sólo podrían sobrevivir con pauta publicitaria oficial y, como tantos ejemplos tenemos, incluso en la actualidad, será a cambio de su control ideológico.
El Poder Ejecutivo Nacional dice que quiere libertad de expresión, pero la Presidente no da conferencias de prensa sin restricciones ni entrevistas sin condiciones. Además, “aprieta” a los medios que no le son afines con ejércitos de inspectores o quitándoles publicidad oficial.
En todo el articulado no se hace mención a la Ley de Acceso a la Información Pública; esta ley obligaría a los gobiernos a no discriminar a los medios retaceándoles información sobre sus actos.
Como ya advirtió AIR (Asociación Internacional de Radiodifusión), se le da amplia discrecionalidad a la autoridad de aplicación (gobierno de turno) y hay una falta grave de parámetros para otorgamiento y renovación de licencias. Además, "no hay ningún país del mundo en que las licencias a los medios privados se puedan revisar cada dos años, bajo criterios que no están objetivados en la misma ley. Hay un riesgo enorme de comprometer y afectar la independencia editorial de los medios de radio difusión. Se presta a que haya presión por parte del Gobierno".
Se permite el acceso de las empresas de servicios públicos, como por ejemplo, las telefónicas (que ahora parece se va a rever), a prestar servicio cable estando prohibido por el pliego de privatización (en otros proyectos presentados se tenía en cuenta esta situación).
Sectores de la oposición y constitucionalistas expresaron que no es el momento para la aprobación de esta ley porque hay una mayoría en las cámaras (del Congreso Nacional) deslegitimada en la última elección. Pero considero esto poco relevante ya que también se puede argumentar que el nuevo Congreso a constituirse en diciembre próximo podría modificar en parte o totalmente esa ley. El problema de base es que no se puede estar modificando permanentemente una ley en base a “caprichos o mayorías circunstanciales”; esta ley, como todas las demás, deben ser legisladas en un marco de Políticas de Estado previamente consensuadas. Cualquier ley que sea “impuesta” por una mayoría temporal, atenta contra la seguridad jurídica del Estado y la previsibilidad en el tiempo.
Concluyendo
No puede ser que haya “ciudadanos” que quieran la sanción de esta ley o su rechazo sin haber leído el proyecto y analizado críticamente.
Este tipo de prácticas, el apoyar o rechazar sólo porque es adherente u opositor, nada tiene que ver con la necesidad de madurar como país.
Más grave aún es que haya sindicatos y organizaciones que se pronunciaron a favor del proyecto oficialista sin haber consultado con sus afiliados (como lo hizo SUTEBA).
Si no se madura en cuanto a conocer realmente qué significan conceptos como “ciudadanía”, “república”, “monopolio” y “Políticas de Estado”, no habrá forma de mejorar la vida de los argentinos. Seguiremos con prácticas políticas suicidas que se han ido repitiendo una y otra vez y parece que nada hemos aprendido de tantos conflictos y fracasos reiterados. No existe ser vivo en la naturaleza que cometa 2 veces los mismos errores. Ni siquiera los humanos son reiterativos una y otra vez en los errores… Salvo nosotros, los argentinos, que nos enfrascamos en luchas fraticidas sin siquiera saber, realmente, de qué se trata.
Enlaces
La ley de medios y su impacto en la infraestructura de telecomunicaciones (3 de diciembre de 2013)
Proyecto de la Ley de Servicios de Comunicación Visual (presentado por el Poder Ejecutivo Nacional)
Docentes que Frenan la República: Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
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